Economía impulsará una tasa de 200 € para los bancos por cada reclamación que reciban
20 de julio de 2019
Economía impulsará una tasa de 200 € para los bancos por cada reclamación que reciban
Según Nadia Calviño, ministra en funciones, sería un incentivo para que las entidades resolviesen los problemas, el borrador del anteproyecto de ley que regulará la nueva Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero contempla cobrar a los bancos una tasa de 200 euros por cada reclamación que reciban.. "Lo que hemos visto en estos años es que los sistemas de reclamaciones de los bancos y luego tener que ir a la Justicia hacen que los procesos de reclamación sean muy largos y costosos", ha explicado.
Esta oficina, según el borrador, se encargará de reducir los abusos en la comercialización de productos bancarios e intentará rebajar el colapso que vienen provocando este tipo de casos en los tribunales españoles y en la Justicia europea. "Estamos viendo cómo se financiaría. El objetivo es que los ciudadanos no tengan que pagar por reclamar", ha explicado Calviño. "Si se establece un pago a los bancos, eso genera un incentivo muy potente par que los bancos resuelvan los problemas y las reclamaciones en su propio seno”.
Además, entre sus atribuciones la Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero podrá valorar la existencia de cláusulas abusivas en contratos como los hipotecarios, un terreno que el supervisor financiero dejaba para la justicia, incluyendo el incumplimiento de normas de conducta o malas prácticas en la comercialización de productos.
La intención del Gobierno es que este organismo de nueva creación pueda emitir dictámenes vinculantes para las entidades financieras y sin coste para los usuarios, quienes se verán amparados por ella sin necesidad de abogado, ni procurador. "Los mecanismos de supervisión del Banco de España y la CNMV no son vinculantes y, por tanto, no obligan a cumplir sus resoluciones", señaló la ministra. La futura autoridad independiente dictará decisiones, que serán vinculantes para las entidades en conflictos con clientes que no superen los 50.000 euros.
El nuevo organismo debería haberse puesto en marcha en julio 2018 por mandato de la Comisión Europea. El anterior gobierno ya estuvo trabajando en la creación del organismo. El grado de independencia del Gobierno que tenga la oficina es otro de los elementos que más preocupa al sector financiero.
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