El Ministerio de Seguridad Social está en proceso de desarrollar un proyecto de real decreto que regulará el acceso a la jubilación anticipada para aquellos trabajadores que desempeñen ocupaciones con alta peligrosidad, penosidad, toxicidad o insalubridad. Este nuevo marco legislativo permitirá que asalariados, autónomos y empleados del sector público puedan acogerse a este beneficio a partir de los 52 años, similar a lo que ya sucede con colectivos como mineros, personal de vuelo y trabajadores del mar.
Para llevar a cabo esta regulación, se establecerá una Comisión de Evaluación compuesta por representantes de cuatro ministerios: Seguridad Social, Trabajo, Función Pública y Hacienda. La ministra del ramo, Elma Saiz, deberá designar a estos representantes dentro de un plazo de tres meses tras la publicación del decreto. La comisión también incluirá a miembros de agentes sociales que deberán atender el elevado número de solicitudes anticipadas que se prevén.
La jubilación anticipada desde los 52 años ya está en vigor para diversos grupos laborales, como trabajadores mineros, personal de vuelo, empleados ferroviarios, artistas taurinos, bomberos públicos y miembros de cuerpos policiales, incluyendo la Ertzaintza, Policía Local, Mossos d'Esquadra y Policía Foral de Navarra.
Durante las negociaciones, varios colectivos profesionales, como las camareras de piso (conocidas como 'kellys'), cuidadoras y conductores profesionales, han expresado su interés en sumarse a los sectores que ya tienen acceso a la jubilación anticipada. Esta incorporación estará sujeta a la implementación de coeficientes reductores que se definirán en un reglamento previsto para el próximo año.
Es fundamental aclarar que la nueva jubilación anticipada no será automática ni universal. El proceso requerirá que las organizaciones empresariales y sindicales justifiquen las circunstancias objetivas para los asalariados y autónomos. En el caso de empleados públicos, será el sindicato más representativo quien deberá presentar la solicitud y la documentación necesaria. Aunque la Seguridad Social podrá actuar de oficio en determinadas circunstancias, el procedimiento requerirá un análisis exhaustivo de cada solicitud.
Para cubrir el coste de esta modalidad, tanto el trabajador como la empresa deberán asumir una cotización adicional. Esta medida busca mantener el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social. Se prevé que los ajustes en las cotizaciones por contingencias comunes sean específicos para cada colectivo, de modo que la reforma tenga un impacto neutral y no se financie a través de impuestos adicionales.
El análisis económico del proyecto estima un coste administrativo de aproximadamente 163.739 euros para gestionar el elevado número de solicitudes esperadas. Además, se ha dejado pendiente un análisis sobre los colectivos que ya se benefician de la jubilación anticipada, lo que ha generado algunas anomalías en la selección de sectores. Por ejemplo, mientras que los Mossos d'Esquadra tienen acceso a esta opción, no ocurre lo mismo con la Policía Nacional o la Guardia Civil, y se presentan exclusiones en otros sectores.
Por último, la norma no aborda la esperanza de vida media tras la jubilación, un factor que es considerado crucial por los actuarios para determinar el aumento de las cotizaciones a lo largo de la vida laboral.
ADADE Central
Esta web usa cookies propias y analíticas. Al seguir navegando, usted acepta el uso que hacemos de estas. Puede cambiar la configuración de las cookies en cualquier momento.
