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El Gobierno abre una consulta pública hasta el 25 de enero para determinar la naturaleza jurídica especial de las 'start up', y ha iniciado reuniones con representantes del sector. La fiscalidad de los inversores es una de las claves de la ley. 

En unos meses, las start up disfrutarán de nombre y apellidos propios. El Gobierno ha puesto en marcha el procedimiento legislativo para dar forma a la que han bautizado como Ley de Startup, una normativa que dotará a estas entidades de un marco jurídico especial que las diferencie de las pymes. "Por su singularidad, estas empresas deben regirse por una categoría específica propia", señalan fuentes del Ministerio de Economía y Empresa. A través de una consulta pública, un proceso abierto a la ciudadanía que estará activo hasta el 25 de enero, el Ejecutivo recogerá las demandas que cualquier persona quiera aportar para mejorar el ecosistema emprendedor español. Entre otras cosas, servirá para definir qué tipo de compañías son las start up, que tradicionalmente se venían agrupando bajo el paraguas de empresas de base tecnológica y de reciente creación.

Con la futura Ley de Startup, el Ejecutivo quiere reconocer la naturaleza jurídica especial que acompaña a este tipo de negocios. Y es que, a día de hoy, la normativa por la que se rigen las start up "es la Ley de Sociedades de Capital, dado que la inmensa mayoría de ellas adoptan la forma jurídica de sociedades de responsabilidad limitada".

La experta recuerda que en los últimos años, sí se han abordado algunas iniciativas para promover el emprendimiento, "pero se han limitado a medidas específicas, como por ejemplo a facilitar los trámites de constitución de sociedades. Si bien fueron consideradas muy insuficientes por el sector", explica Rivera. 

En la misma línea se pronuncia Álvaro Calderón de la Barca, abogado, señalando que, en líneas generales, existen las mismas reglas del juego tanto para pymes como para autónomos y emprendedores. "La diferencia es que desde un primer momento las start up necesitan una cobertura integral que ampare la viabilidad de nuevas formas de negocio que nunca se habían planteado antes. Por lo tanto, no encuentran seguridad jurídica en la regulación actual", asegura Calderón de la Barca.

En este sentido, la normativa por la que se regirán las start up tiene el objetivo de recoger de algunas de las demandas que suenan con más fuerza entre los principales agentes del ecosistema emprendedor. "Ha de tenerse en cuenta que encontrar un modelo de negocio innovador, global y exitoso en una start up es un proceso iterativo y arriesgado, que precisa condiciones de atracción de financiación y de talento particulares", señala de forma literal el texto de la consulta pública que ha publicado el Gobierno sobre las singularidades de estas empresas. 

En concreto, el Ejecutivo se refiere al potencial global de sus modelos de negocio, su fuerte vocación innovadora y las especificidades de sus necesidades de financiación durante las primeras etapas de vida de los proyectos. 

Uno de los aspectos que con más entusiasmo esperan los responsables de estas empresas es el modelo fiscal que regirá a las start up una vez que se ponga en marcha la norma. "Hay que mejorar el actual tratamiento de las rentas futuras de los inversores en este tipo de entidades", explica José Luis Gaudier. 

El experto apuesta por incrementar las deducciones existentes "o por crear un régimen fiscal favorable para fondos o entidades cuyo objeto sea la inversión en las etapas más tempranas de este tipo de negocios".

Así, el ecosistema espera ver reflejadas medidas presentes en países con modelos emprendedores muy consolidados, como el francés, el inglés, el estadounidense y el portugués. "Quizá una de las necesidades más urgentes sea facilitar los planes de stock options tal y como han hecho en Francia y en Reino Unido", señala Rivera, que también apuesta por simplificar y abaratar los costes burocráticos. "Actualmente hay cuestiones como la solicitud de NIEs y NIFs que complican y retrasan la inversión extranjera", afirma la experta.

Además, en alguno de los países emprendedores de referencia, la tasa de autónomos no comienza a aplicarse hasta pasados un par de años o depende directamente del volumen de actividad que tenga la compañía. "Las características singulares de este sector requieren de un marco normativo flexible al estar en constante evolución y tener integradas las nuevas tecnologías en sus negocios", opina Calderón de la Barca.

El abogado de Barrilero señala que el nuevo texto debe asentarse en los siguientes pilares: eliminar la burocracia y facilitar la internacionalización. Además, en el ámbito laboral, "se deberían crear nuevas figuras que estén entre el trabajador asalariado y el autónomo actual". 

En cualquier caso, la intención de la estrategia España Nación Emprendedora, y de esta ley en particular, "no es que España copie literalmente el modelo de otro país, sino que cree su propia fórmula, que integrará dos grandes objetivos: crear un nuevo modelo productivo, que genere más y mejores empleos y que sea más resistente a las crisis venideras, y contribuir a reducir las brechas sociales", señalan fuentes internas. 

"Las 'start up' son negocios escalables y, como tal, su regulación debe estar armonizada con el ecosistema europeo". Con estas palabras, Carlos Blanco, fundador de Nuclio Venture Builder, reclama una nueva legislación que consiga que el marco normativo de este tipo de compañías no suponga un freno en su expansión global. "Tiene que facilitar la contratación y retención de talento de perfiles de fuera de la Unión Europea. A día de hoy, si quieres incorporar a un ingeniero indio, los plazos se dilatan mucho y los trámites burocráticos son muy farragosos", señala Blanco. Además, el experto apuesta por mejorar los incentivos fiscales de los inversores "No es casualidad que en Francia e Inglaterra existan las mejores redes de 'business angels'. Tienen mejores condiciones".

Para Iñaki Arrola, fundador de K Fund, que el Gobierno haya dado los primeros pasos para crear una ley de 'start up' es una buena noticia, pero no ve fácil su encaje. "Están acertando en casi todas las cosas pero va a ser difícil poner de acuerdo a todos los actores del ecosistema emprendedor", afirma el inversor, destacando como paradigma de esto la legislación de las 'stock options'. "Estamos en una guerra de talento y una forma de atraerlo es ofrecer a los mejores perfiles acciones de la compañía que les ficha. Pero muchas veces tienen que rechazarlo, ya que les obligan a pagar los impuestos por las participaciones en el momento en que se las ceden. Yo obligaría a pagar por ellas una vez deciden salir de la compañía", comenta Arrola.

El escenario es el siguiente: un inversor extranjero se interesa por una 'start up' española y quiere invertir en ella. Pero antes, necesita sacarse el NIE, el número de identidad de Extranjero. "No te puedes imaginar la cantidad de millones que se han perdido por un trámite tan lento. Hay que facilitar la inversión extranjera con procedimientos rápidos, vía online", reclama Javier Megias, CEO y confundador de Startupxplore para la futura ley de 'start up'. Además, otro de los aspectos que habría que mejorar en España "y al que ya apunta el anteproyecto", explica Megias, es el de la regulación del 'crowdfunding'. "El problema de esta fórmula de financiación es que no permite vehiculizar a todos los inversores a la vez y esto genera problemas", concluye el experto.

"Hay que ofrecer mecanismos para que el capital privado pueda invertir en 'start up", afirma José Luis Zimmermann, presidente de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital). Dentro de la fase de consulta pública de la norma, la asociación propondrá diversas medidas al Gobierno. Entre ellas, favorecer fiscalmente el 'exit tax' (impuesto de salida) y las 'stock options'. En este sentido, planteará adoptar programas como el SEIS (Seed Enterprise Investment Scheme) y el EIS (Enterprise Investment Scheme) británicos. A partir de ahí, cree que hay que promover que el ecosistema crezca y se conecte. "Que no se limite a las dos ciudades principales, que haya una capilaridad", explica. También hace hincapié en la seguridad jurídica en el ámbito digital.

"Para Elena Gómez del Pozuelo, presidenta de Womenalia, "en lo relativo a 'start up' ya está todo inventado". Por tanto, propone incorporar medidas que han funcionado en otros mercados europeos. Entre ellas, permitir que los 'business angels' se deduzcan un 20% de su inversión. "En España la deducción se limita a 10.000 euros, que es poquísimo", opina. También incentivaría fiscalmente las 'stock options': "No deberían tributar hasta que la empresa no se vendiese". Por otro lado, no limitaría la definición de 'start up' a empresas de muy reciente creación. "Muchas se crearon hace diez años y las que han sobrevivido son las que realmente tienen potencial", dice. Y crearía un fondo que promocione proyectos femeninos: "Sobreviven un 60% más que los masculinos".

Desde la asociación Big Ban Angels afirman que la nueva ley debe favorecer la atracción de inversión extranjera, simplificando, por ejemplo, la obtención del NIE (Número de Identidad de Extranjero).También reclaman mejoras fiscales. "Al final, un 'business angel'es un particular que está realizando una gran apuesta de riesgo y creo que favorecería a las compañías de nuevo cuño que la fiscalidad fuera especial", afirma Victoria Majadas, presidenta de esta asociación. 

Por otro lado, Majadas introduciría mejoras en la legislación relativa al crowdfunding e incentivaría el emprendimiento femenino. "La ratio actual es de 80/20. Sería positivo promover el espíritu emprendedor en las mujeres, incluso en edades tempranas", opina.

FUENTE: EXPANSIÓN